CAYETANO RIPOLL, ÚLTIMO CONDENADO A MUERTE POR LA IGLESIA ESPAÑOLA

A lo mejor, a alguno le ha parecido sorprendente el título de mi artículo, sin embargo, es totalmente correcto, porque nuestro personaje no fue condenado por la Inquisición, al haber sido suprimida unos años antes.

Como ya he dicho en un artículo anterior, Napoleón suprimió la Inquisición española en 1808. Aunque parezca mentira, los diputados que aprobaron la Constitución de Cádiz tardaron algo más, pues la suprimieron en 1813.

Al regresar Fernando VII a España, una de las primeras cosas que hizo en 1814, fue restaurarla. No obstante, el mismo rey tuvo que suprimirla en 1820, obligado por los liberales que habían tomado el poder, tras el pronunciamiento del general Riego. A partir de ese momento, no volvió nunca más a reestablecerse.

En 1823, tuvo lugar en España la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis. Un grupo compuesto, en su mayoría, por tropas francesas, que vinieron a devolver los poderes absolutistas a Fernando VII, por encargo del grupo de países que formaban la Santa Alianza.

No obstante, como la Inquisición era un organismo muy mal visto a nivel internacional, Fernando VII, no se atrevió a reestablecerla. Incluso, a los miembros de la Santa Alianza, a pesar de que eran muy conservadores, tampoco les gustó nunca esa institución.

Así que, como muchos clérigos la echaban en falta, por predominar entre ellos las ideas más rancias y conservadoras, en algunos lugares se apresuraron a formar las llamadas Juntas de Fe.

Esto era otra forma de llamar a la Inquisición, con la diferencia de que funcionaban no a un nivel nacional, sino a otro mucho más reducido.

Llevados por un espíritu sumamente intolerante, sus principios fueron “la defensa del altar y del trono, el mantenimiento de la unidad religiosa de este país y la salvaguardia de los valores más tradicionales”.

En algunos sitios, como en Barcelona, ciertos canónigos comenzaron a fundar estas Juntas, pero fueron denunciados  por las tropas invasoras, con lo que tuvieron que suprimirlas, por haber “levantado demasiado la liebre”.

En otros casos, como en Valencia, se hizo lo mismo en 1824, pero de una manera más sigilosa y, según parece, no se dieron cuenta.

El fundador fue el canónigo de la catedral de Valencia, José María Despujol, que gobernaba esa sede, al encontrarse, por entonces vacante. Este clérigo había pertenecido a la extinta Inquisición y tenía muy claro que había que ponerla de nuevo en marcha.

Poco después, su decisión fue apoyada tanto por el nuevo arzobispo de Valencia, como por el mismo Nuncio del Vaticano. Incluso, recibió, indirectamente, apoyos del capitán general y hasta del corregidor de Valencia.

Así, con todos estos apoyos, la Junta de Valencia, creció como la mala hierba y no tuvo problemas para procesar a todo el que quiso. Las víctimas más célebres de este tribunal fueron Mariano Cabrerizo, que sólo sufrió pena de cárcel, y, nuestro personaje, el maestro Cayetano Ripoll, que fue ahorcado en público, tras un proceso de todo punto ilegal, por no estar reconocido este tribunal por el Gobierno de España.

También es cierto que contaron con la complicidad de mucha gente en esa zona. Para poder denunciar a las posibles víctimas impunemente, se crearon las sociedades secretas de “Eliana” y “El ángel exterminador”, que decían de Fernando VII que era demasiado progresista.

Las personas que fueron colocadas a la cabeza de esta Junta, en Valencia, aparte del arzobispo, Simón López,  fueron el doctor Miguel Torezano, el fiscal Juan Bautista Falcó y el

secretario, José Royo.

En otros sitios, como Tarragona u Orihuela, se intentaron crear Juntas por el estilo, pero fracasaron al oponerse a ellas las autoridades gubernamentales y exigirles que fueran suprimidas sobre la marcha.

No obstante, aunque el Gobierno, presidido por Calomarde,  no permitió que se formaran nuevas Juntas, en el caso de la de Valencia miró hacia otro lado y no se quiso dar por enterado de su existencia, a pesar de que nunca se escondieron para ejecutar sus sentencias.

Aun así, la mayoría de los obispos, intentaron censurar muchos libros y emitieron sentencias sobre causas de fe. Las cuales podían ser recurridas ante el Tribunal de la Rota,

según una ley promulgada por el rey en 1830.

Estas Juntas continuaron con su labor hasta 1835, año en que fueron prohibidas por un Decreto de la reina regente María Cristina, considerando que estaban haciendo lo mismo que la abolida Inquisición.

Cayetano Antonio Ripoll Pla, que es nuestro personaje de hoy, nació en 1778, en la localidad de Solsona (Lérida).

Se sabe que estudió en el colegio de los Escolapios de esa ciudad y que, al terminar sus estudios, se dedicó al comercio.

Como muchos miles de españoles, luchó contra los franceses, durante la Guerra de la Independencia, llegando a oficial de Infantería,  pero fue cogido prisionero, en 1810, y enviado a Francia.

En el vecino país, se relacionó con gentes de otras religiones, como algunos cuáqueros, con los que entabló amistad, y eso le sirvió para ampliar su mente. Allí abrazó una serie de ideas propias de la Ilustración, como el deísmo. El cual, era una forma de creer en Dios, pero sin seguir los ritos de ninguna religión.

Tras la guerra, regresó a una España llena de analfabetos, que era lo que siempre le había interesado y le sigue interesando, al poder establecido.

Consiguió un puesto de maestro de escuela en una pedanía cercana a Valencia, llamada Ruzafa. Para ello, necesitó el plácet de la Iglesia y lo obtuvo.

A pesar de no meterse nunca con nadie, llamó la atención de ciertos hortelanos que este maestro no hiciera lo mismo que los demás, o sea, comportarse de acuerdo con las normas de la Iglesia católica y, por ello, lo denunciaron al arzobispado. Algunos llegan a afirmar que las denunciantes fueron varias madres de alumnos.

Fue detenido en 1824 y permaneció encerrado durante 2 años en una antigua cárcel inquisitorial de Valencia, donde fue visitado continuamente por teólogos, para que cambiara de actitud. Esta se llamaba de Sant Narcís y se hallaba muy cerca de las actuales Corts Valencianas.

Por supuesto, huelga decir que su puesto como maestro en Ruzafa, desde entonces, lo ocupó un cura, como deseaban los hortelanos.

El presidente de esta Junta de Fe, antiguo inquisidor, envió un informe al arzobispo, donde afirmaba que el preso no creía en ninguno de los dogmas religiosos, ni en los Evangelios, ni en la infalibilidad del Papa y aconsejaba a los niños que no  hicieran, continuamente, la señal de la cruz, aparte de indicarles que no era necesario ir  diariamente a misa para obtener la Salvación.

Parece ser que uno de sus “graves delitos” fue decirles a los niños que, en lugar de utilizar la frase “Ave María”, al entrar en la clase, usaran la de “alabado sea Dios”.

Otros de sus “graves delitos” fueron los de no acudir nunca a misa, no salir a la puerta de su casa, para rendir pleitesía a las procesiones y comer carne el día del Viernes Santo.

Por todo ello, como si continuara existiendo la Inquisición, el Tribunal de la Junta de la Fe, lo condenó a muerte por hereje contumaz y lo entregó, para su ejecución, a la Justicia ordinaria. Por supuesto, no se olvidaron de incautarle sus bienes.

Tampoco hay que olvidar que nunca tuvo un abogado que le defendiera y nunca conoció los cargos que había contra él. Algo muy habitual en la forma de proceder de la Inquisición española.

Lo curioso es que la Audiencia de Valencia, actuando de manera claramente ilegal, aceptó la condena y ejecutó esa sentencia, totalmente ilegal, el 31/07/1826. Algo absolutamente descabellado, porque, ni siquiera enviaron la sentencia de muerte al rey para que la ratificase, como era preceptivo legalmente en todas las causas con tribunales ordinarios. Ni siquiera intervino en esta causa el fiscal de su Majestad, Calabuig.

Me ha llamado mucho la atención sobre la actitud de la Audiencia de Valencia en este caso. La explicación puede estar en que, en ese momento, su presidente era Francisco Javier Borrull y Vilanova, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valencia. Éste había empezado su carrera siendo Secretario del Secreto del Santo Oficio. Más tarde, fue diputado en las Cortes de Cádiz, donde, en 1810, defendió que la Inquisición era perfectamente compatible con la Constitución de Cádiz.

Sobre este tema, pronunció en 1813 un  discurso, el cual se publicó en Apéndice al Procurador General de la Nación y del Rey, número 4, editado el 18/02/1813.

Otro elemento de cuidado, que pertenecía a esa Audiencia era Josep Antoni Sombiela i Mestre, que tenía las mismas ideas, acerca de la Inquisición, que el anterior, aunque murió en 1825.

Incluso, se permitieron darle todo tipo de publicidad, pues hicieron que el reo recorriera toda la ciudad, a lomos de un burro, desde la cárcel de Sant Narcís, las calles Serranos y

Cavallers, la plaza del Tossal y la calle Bolsería, hasta finalizar en la plaza del Mercado, donde fue insultado por multitud de vecinos.

Parece ser que una de las últimas cosas que dijo fue: “No creo más que en la existencia de un Ser Supremo. Que se cumpla la sentencia”. También: “Muero reconciliado con Dios y con los hombres”.

Tras su ahorcamiento público, a los 48 años, su cadáver fue metido en un tonel,  con llamas pintadas en su cara exterior, lanzado al Turia, apedreado por la multitud y llevado a enterrar a un lugar en el exterior del cementerio. Según dicen algunos, su cuerpo fue inhumado justo enfrente de la puerta y sin ninguna señal.

Otras versiones indican que la cuba, con el cadáver en su interior, fue llevado al antiguo quemadero de la Inquisición, cercano al puente de San José, en Valencia y sus cenizas esparcidas por el campo. A mí me parece que tiene más sentido esta explicación, conociendo los métodos habituales de los inquisidores.

Lo curioso es que los inquisidores, unos meses antes de su ejecución, se encontraron con una importante traba. No encontraban por ninguna parte su partida de bautismo. Así que, si no era católico, ellos no podrían condenarle. Lamentablemente, el documento apareció y pudieron seguir adelante con sus turbios propósitos.

Otra cosa curiosa, que se dio en este caso, es que se enteraron antes de este tema en Europa, que en nuestro propio país.

A nivel internacional, fue un auténtico escándalo. Sin embargo, en España

se acalló por medio de una férrea censura de prensa. No olvidemos que seguía reinando el monarca absolutista Fernando VII, el cual murió en 1833.

Es más, este asunto fue tan escandaloso que el mismo rey tomó cartas en el asunto y censuró a la Audiencia de Valencia, por haber hecho caso al arzobispado. De hecho, fue el último caso de una ejecución en España, efectuada por motivos religiosos.

No obstante, el arzobispo de la ciudad, Simón López, no se retractó en absoluto, afirmando “Dios quiera que sirva de escarmiento para unos y de lección para otros”.

Incluso, según parece, la Iglesia actual no ha abominado de su sangrienta decisión. Antes de morir, el anterior arzobispo, Agustín García Gasco, pidió ser enterrado junto a él, en la catedral de Valencia, y allí fue inhumado.

Otra cosa curiosa de este asunto es que en Valencia y otros lugares le han dedicado una calle a este personaje, pero no así en su lugar de nacimiento, Solsona.